Firmado, el 12 de junio de 1985, el tratado de adhesión a la CEE, la integración se produjo de manera efectiva el 1 de enero del año siguiente. Al fin se iniciaba el proceso de homologación de las instituciones, de las estructuras productivas y de las reglas de gestión económica de los países de nuestro entorno occidental.
La ruptura del aislamiento supuso la apertura de la economía y el abandono del proteccionismo. España disponía de un periodo transitorio de siete años para desmantelar gradualmente sus barreras arancelarias y adoptar la Tarifa Exterior Común. Para Fuentes Quintana, en 1985 finalizaba una larga etapa abierta en 1890, denominada el modelo castizo, caracterizado por el cierre del mercado interior mediante la protección y su muy lenta apertura. La nueva fase abierta debía basarse en plena apertura hacia el exterior, estabilidad económica, liberalización e implantación de la competencia y modernización del sector público.
La integración española se produjo en el momento en el que tenía lugar, a partir de la firma, en 1986, del Acta Única, la transformación de la CEE de simple unión aduanera en mercado único, cuya construcción se desarrolló entre el 1 de enero de 1987 y el 31 de diciembre de 1993, los mismos siete años en los que España debió adaptar su economía a la competencia. Mercancías, personas y capitales podían circular libremente, con algunas limitaciones, por el interior de la Europa comunitaria.
Los efectos de la integración en Europa han sido muy positivos para la economía española. El proceso de apertura al exterior, siempre beneficioso (el consumidor puede acceder a productos mejores y más baratos), mejoró la renta real. La competencia externa eliminó a los menos eficientes y disciplinó a todos, que dirigieron sus esfuerzos hacia las actividades en las que existían ventajas comparativas. Para Myro la integración ha culminado el proceso de apertura al exterior iniciado en 1959. El grado de apertura ha alcanzado niveles semejantes a los de los grandes países comunitarios (30%)
Sánchez Marroyo, F. La España del S. XX. Economía, demografía y sociedad. Edit.
Istmo. Madrid, 2003, pp. 535-536
El texto objeto de comentario, informativo, temática política económica y fuente secundaria (historiográfica), forma parte de uno de los manuales universitarios más populares y actualizados de Historia Económica de la España Contemporánea; obra destinada preferentemente a la formación de jóvenes profesionales. Este texto aporta una percepción valorativa muy positiva de los efectos del ingreso de España en la CEE en 1986. Esta valoración, en términos generales, coincide con la dominante entre la clase política española actual, la casi totalidad de los especialistas en Macroeconomía y entre la sociedad española.
¿Qué circunstancias condicionaron el ingreso de España en la CEE? El autor no abunda en ellos, aunque sí subraya la significación del hecho como la culminación del proceso de apertura y liberalización de la economía española ya iniciado en 1959 con el Plan de Estabilización. La dictadura franquista rompe con la política económica de autarquía que se conectaba con toda una tradición proteccionista que se retrotrae a la Restauración y se fortalece durante la dictadura de Primo de Rivera (nacionalismo económico). Desde los años 60 España experimentó un crecimiento económico espectacular (desarrollismo) que sí permitió una modernización económica considerable gracias a un intenso proceso de industrialización, en gran parte, con capital extranjero. Este proceso implicó cambios sociales importantes que no se vieron acompañados por un cambio de régimen. La dictadura de Franco pidió el ingreso en la CEE en 1962 pero su pretensión fue rechazada por no cumplir con el requisito democrático: influencia de la condena del franquismo por el Congreso –Contubernio- del Movimiento Europeo en Múnich. El interés puesto por la dictadura permitió la firma del Acuerdo Preferencial de 1970, relación comercial privilegiada de rango similar a las vigentes desde los sesenta también con Grecia,… El Acuerdo Preferencial supuso un hito en el proceso de apertura pues permitió una amplia reducción de los aranceles (impuesto a la importación de productos) por ambas partes –CEE y España-, que afectó de forma sorprendentemente favorable a las exportaciones industriales españolas.
La crisis económica de 1973 provocada por el espectacular aumento del precio del petróleo afectó de forma considerable a España. La dependencia energética del exterior era enorme y no se pudieron tomar medidas de ajuste impopulares debido a la fuerte conflictividad laboral y tensión política en los últimos años de crisis del franquismo. Retornaron muchos emigrantes españoles y el desempleo aumentó considerablemente. La inflación también aumentó. La Transición tuvo efectos económicos contradictorios. A través de los Pactos de la Moncloa, lograron reducir mucho la conflictividad laboral y bajar la inflación, pero el desempleo siguió un crecimiento galopante que no se detuvo hasta la segunda mitad de los ochenta.
Tras las Elecciones Generales de 1977, la nueva España democrática sí cumplía los requisitos políticos para el ingreso y se solicitó nuevamente el ingreso, pero los contextos económico español e institucional de la CEE no eran favorables. Francia lideró una actitud de resistencia a las pretensiones españolas, en gran medida, por el temor a la competencia de sus productos agrarios y las pesquerías españolas. Tampoco ayudaron al proceso algunas crisis (intento de golpe de Estado de 1981, la escasa colaboración francesa en la lucha contra ETA, la resistencia de varios estados europeos muy atlantistas a aceptar la revisión del ingreso de España en la OTAN que pretendía el PSOE…). El gobierno socialista revisó la posición antiatlantista y logró que en el referéndum celebrado en 1985 triunfase la permanencia, aunque con limitaciones
Tras una larga y dura negociación técnica, llevada principalmente por Fernando Morán y Manuel Marín, se llegó a aprobar los términos del Acta de Adhesión (condiciones concretas) que se incluyó como instrumento del propio Tratado Internacional de ingreso. Este Tratado, norma con rango de ley, fue firmado el mismo día, 12 de junio de 1985 por los gobiernos español y portugués con aceptación provisional por parte de los estados entonces miembros. En el caso de España fue aprobado por unanimidad del Congreso de los diputados, de modo que entró en vigor el 1 de enero de 1986, fecha formal de ingreso de España y Portugal en la CEE.
El Acta de Adhesión fue interpretada entonces como un documento que implicaba importantes cesiones por parte de España. La industria española no era competitiva por lo que algunos sectores debieron realizar procesos de “reconversión industrial” (siderurgia, astilleros…). Fue imprescindible privatizar empresas estatales entonces pertenecientes al INI. Las ventajas que deparaba el acceso a la Unión Aduanera –libre circulación de productos sin pago de aranceles- en sectores muy competitivos españoles como el agrario, el pesquero o algunos sectores de industria ligera, se redujeron porque se fijó un periodo transitorio general largo de siete años. Otro factor que ayuda a explicar muy bien este proceso de y que también apunta el profesor Sánchez Marroyo es que la adaptación española al Acta de Adhesión coincidió con el fijado para el paso en la CEE de la simple “Unión Aduanera” (libre circulación de bienes y servicios) a “Mercado Único” (también circulación libre de capitales, mano de obra, normativas de regulación económica y productiva comunes, Sistema Monetario Europeo –precedente del euro-, armonización fiscal indirecta a través del IVA –impuesto del valor añadido-, etc.). En cierto sentido, el ingreso de España coincidió con un paso adelante general en la construcción económica europea, lo que hizo el proceso aún más complejo y difícil. Un tercer aspecto a considerar fue la necesidad de modernizar el sector público, reduciendo su intervencionismo productivo y regulador conforme a los criterios de una economía de mercado abierta. Tema polémico fue la situación de Canarias, Ceuta y Melilla, que quedaron excluidas de la unión aduanera comunitaria como forma de proteger sus privilegios fiscales. Pronto se observó el efecto desfavorable de la medida en el caso de Canarias, por lo que se renegociaron las condiciones en 1991, sin necesidad de modificar el Acta de Adhesión. Canarias mantuvo buena parte de sus singularidades fiscales pero pudo integrarse en la PAC (Política Agraria Común).
Aunque el periodo transitorio fue duro y los efectos inmediatos no fueron muy favorables, pronto la economía española se benefició. La competencia europea favoreció la mejora de la competitividad productiva española, los precios se estabilizaron al haber más competencia, aumentó mucho la inversión extranjera de empresas de otros estados de la Unión, los fondos públicos de las instituciones europeas subvencionaron los ajustes productivos de los productores menos competitivos, financiaron obras públicas, formación profesional… Poco a poco España redujo su diferencia de renta per cápita en relación con el nivel medio de la Unión Europea y la sociedad española pudo así apoyar las iniciativas de los gobiernos de Felipe González y de José María Aznar , para profundizar el proceso de construcción europea, no ya sólo económica, sino también de unidad política. También se han apoyado los procesos de ampliación de 1995 (Europa de los quince). Ahora que España ya es uno de los estados con más renta y mayor nivel de vida de la Unión Europea, pasará muy pronto de ser receptor de ayudas a ser contribuyente. Será entonces cuando se pueda probar el verdadero europeísmo de la sociedad español.
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