LA INTEGRACIÓN EN EUROPA

Durante el franquismo, España tuvo una relación compleja con la comunidad internacional. Desde los años cincuenta fue aceptada en la ONU y normalizó sus relaciones con los países occidentales, aunque siempre fue un aliado de consideración secundaria de EE.UU. en la Guerra Fría y por motivos políticos no logró el ingreso en la CEE. Una vez murió Franco (1975), la política exterior española cambió. Las características fundamentales de esta nueva política son:

ü Mantenimiento de relaciones con todos los países del mundo. Apertura de relaciones diplomáticas con la URSS y México. En los años ochenta España reconoce el Estado de Israel.

ü Reforzamiento de los vínculos defensivos con el bloque occidental (pese a la oposición inicial de la izquierda). Ingreso en la OTAN (1982), ratificado en 1985 por referéndum. Desde los años noventa España está plenamente integrada en la estructura militar de la OTAN y ha participado en diversas misiones.

ü Integración en Europa. Ingreso en la CEE (1986) y papel relevante en el proceso de construcción europea desde entonces (creación de la Unión Europea).

ü Entendimiento con los países del norte de África, especialmente Marruecos. Esta relación es compleja (oposición española a la integración del Sáhara occidental en Marruecos, control de la inmigración ilegal…).

ü Mantenimiento de relaciones de amistad preferentes con Iberoamérica.

ü Papel activo en los procesos de pacificación impulsados por la ONU. Cascos azules españoles en Centroamérica, Angola…

ü Aumento de los fondos de cooperación internacional. Crecimiento con el objetivo del 0,7 % del PIB, apoyo social creciente a las ONG…

La integración de España en la OTAN, a diferencia del ingreso en la CEE, no se realizó con el acuerdo general de las fuerzas políticas españolas. Después de la Segunda Guerra Mundial y una fase inicial de aislamiento, la España de Franco logró el reconocimiento de EE.UU. en la Guerra Fría. En la Transición, surgen dos tendencias: el centro y la derecha, partidarios del ingreso en la OTAN; y la izquierda, quería situar a España en una posición neutralista en la Guerra Fría. La posición española del Gobierno Suárez sigue siendo prooccidental. El Gobierno de Calvo Sotelo (UCD) mantuvo y reforzó esa línea. Una crisis que afectó mucho a la definición de la política exterior atlantista fue el papel interpretado con motivo de la Guerra de las Malvinas, donde se condenó el uso de la fuerza por Argentina aunque se apoyaba la reivindicación territorial. Se rechazó apoyar a Gran Bretaña en la operación de recuperación, cerrándose los puertos españoles a la expedición británica al Atlántico sur y no sumándose a las medidas de represalia económica contra Argentina (mayor parte de estados de la CEE).

Calvo Sotelo logró el ingreso de España en la OTAN (1982) con el apoyo parlamentario de AP, PNV, CiU y la propia UCD, y la oposición de la izquierda. El PSOE prometió que, si llegaba al Gobierno, convocaría un referéndum para revisar la decisión. Al final, el referéndum se celebró en 1985, ya con Felipe González como Presidente del Gobierno. El PSOE rectificó su posición y logró que en el referéndum venciese la posición favorable a la permanencia. A cambio de confirmar la permanencia española, EE.UU. retira de la base aérea de Torrejón y renuncia provisionalmente a ingresar en la estructura militar de mando de la Alianza, en la que ingresará en los años noventa.

El papel prooccidental de España ha sido creciente, principalmente durante el Gobierno de Aznar y en el contexto de la amenaza terrorista islamista: apoyo a EE.UU en la Guerra de Iraq (2003), en contra del criterio de tradicionales aliados españoles en Europa (Francia y Alemania). En el Gobierno de Rodríguez Zapatero, esta orientación ha sido revisada: retirada de tropas españolas en Iraq. Se mantiene la misión militar española en Afganistán.

El ingreso de España en la CEE era una vieja aspiración de todas las fuerzas democráticas. Al acabar la 2ª Guerra Mundial, los países europeos occidentales impulsaron un proceso de integración económica. En 1957 surge la Comunidad Económica Europea. España quiso incorporarse pero la condición dictatorial del régimen lo impidió. En 1970 se firmó un Acuerdo Preferencial (reducción de aranceles).

Con la llegada de la democracia a España, la aspiración de ingreso en la CEE fue compartida por todos los partidos políticos y se retomaron las negociaciones formales. Desde 1986, tras duras negociaciones e importantes cesiones españolas, España pasa a ser miembro, junto a Portugal, en una CEE que ya integraba a doce países, incluido el Reino Unido, desde 1973, diez desde 1981 (ingreso de Grecia) y doce con el ingreso de los dos estados ibéricos.

El final de la Guerra Fría supuso la expectativa de una unión política. El Tratado de Maastricht, con el que nace ya la Unión Europea, introdujo nuevas formas de cooperación entre los gobiernos de los estados miembros en defensa, justicia e interior. También se creó entonces una unión económica y monetaria que implicó la introducción de una moneda única gestionada por el Banco Central Europeo (introducción del euro en 2002).

Con carácter general, España se vinculó durante el Gobierno de Felipe González y en medida algo menor con Aznar a una visión de Europa federal. Se han respaldado los procesos de ampliación a Europa del Este y también la reforma de las instituciones comunitarias. También se ha apoyado el Tratado Constitucional Europeo (Constitución Europea), tanto PSOE como PP, ratificado en referéndum en España por amplia mayoría en febrero de 2005. frustrado ese proceso, también se ha apoyado la nueva versión del Tratado Constitucional.

Desde el punto de vista económico, España se ha beneficiado con el ingreso en la entonces CEE. España pasó a formar parte de un gran mercado donde algunos de sus productos, principalmente los agrícolas y algunos industriales, son muy competitivos. De otra parte, los Fondos Comunitarios también han ayudado a la modernización de infraestructuras, mejoras en formación profesional y productividad: FEDER, FSE, FEOGA … La última ampliación y la casi igualación del nivel de renta per cápita de España con la media comunitaria sitúan a España en una posición de contribuyente neto a corto plazo.